La Renta Agraria real se situó en 2012 en niveles de hace 20 años.
Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la 1ª estimación sobre la
evolución de la Renta Agraria en el presente año. Del análisis realizado
por el Departamento de Economía Agraria de COAG se obtienen datos más
que ilustrativos:
- A pesar de una ligera subida respecto al año anterior (+1,1%), la renta real se mantiene en valores de 1992.
- Desde la reforma de la PAC 2003, el sector agrario español ha perdido el -29,5% de su renta agraria real total.
- Aumenta un 2,4% la renta por ocupado debido al descenso de activos agrarios (-1,4%).
A
pesar de ello, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 reducen
el apoyo al sector; el tijeretazo del 25,4% en la aportación del Estado
deja el presupuesto del Ministerio de Agricultura en un tercio de lo que
era hace cuatro años, pasando de los 4.835 millones de euros en 2009 a
los 1.680 millones presupuestados para el próximo ejercicio.
El
Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha califico estos recortes
como "nuevo varapalo para un sector estratégico de la economía real y
productiva”, al tiempo que ha señalado que estas decisiones “limitarán
la capacidad de creación de empleo y el desarrollo del medio rural en
2013”.
Por lo que respecta a los precios,
aunque en 2012 han repuntado en sectores como el vino, aceite de oliva,
cereales, frutas y hortalizas, la imposibilidad de repercutir el aumento
de los costes al precio final ha limitado la rentabilidad de las
explotaciones. El Gobierno aprobó en octubre el anteproyecto de Ley de
mejora de la cadena alimentaria, una normativa que nace “coja” porque no
reforzará el poder de negociación de los agricultores frente a los
abusos de posición dominante del resto de eslabones, (en especial las
grandes cadenas de distribución), no acota la actuación de la CNC que
desde hace años supone un freno al desarrollo del sector agrario y no
ofrece seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios en el
seno de las interprofesionales. Durante el proceso de consulta pública,
COAG ha conseguido que el CES inste en su dictamen al Gobierno a
penalizar la venta a pérdidas y el incumplimiento en los plazos de pago
en la futura Ley.
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