La eliminación del sistema de derechos tendría, a juicio de las organizaciones firmantes, consecuencias nefastas e irremediables.
El sector productor vitivinícola y la CECRV defienden que el
sistema de derechos de plantación ha permitido la conformación de un
sistema de producción vitivinícola puntero en el mundo, cuyos productos
alcanzan cotas altísimas de calidad, y su supresión acabaría con el
modelo actual de producción de vino europeo, lo que supondría además una
pérdida patrimonial para los viticultores y un fuerte desequilibrio
medioambiental y deterioro paisajístico.
Este
sistema ha supuesto un factor clave en la fijación de la población
rural, en el equilibrio entre oferta y demanda de vino y en la
optimización de las condiciones productivas de las zonas tradicionales
de cultivo, especialmente en las regiones de más difícil cultivo y en
las zonas amparadas por indicaciones de calidad. La desaparición de los
derechos de plantación provocaría una importante deslocalización del
viñedo y un desmantelamiento del tejido socio-económico en grandes
zonas vitícolas europeas.
La eliminación
del sistema de derechos tendría, a juicio de las organizaciones
firmantes, consecuencias nefastas e irremediables. En su opinión, se
produciría un inmediato descenso en el precio de la uva y de los vinos,
lo que unido al incremento de los costes de producción que soportan los
agricultores, haría peligrar las explotaciones vitivinícolas españolas.
El
régimen de derechos de plantación ha demostrado su eficacia en términos
productivos y cualitativos frente a la fuerte competencia de los vinos
de países terceros y, más aún, representa una medida sin coste
financiero para la UE.
Ante esta situación,
el sector defiende las siguientes medidas: rechazo a una liberalización
de los derechos de plantación de viñedo; rechazo igualmente a la
implantación de un sistema de “autorizaciones” en sustitución de los
actuales derechos de plantación; mantenimiento de la regulación actual
con posibles mejoras en la gestión de las reservas de derechos;
establecimiento de un único sistema de gestión de los derechos de
plantación para todas las superficies de viñedo, independientemente de
su inscripción o no bajo una protección de calidad; regulación, gestión y
control de los derechos por parte de las administraciones públicas
competentes.
Por tanto, el sector pide al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que muestre un
posicionamiento rotundo e inequívoco a favor de la continuidad del
actual régimen de derechos de plantación de viñedo, en el marco de la
propuesta legislativa de la OCM incluida en la revisión de la PAC, cuyo
debate está en pleno desarrollo.
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