La Política Agraria Común (PAC) es una pieza clave en la fundación de la Unión Europea (1957) y desde entonces ha sido la más importante, y durante mucho tiempo la única, Política verdaderamente Común de la Unión.
No obstante, es necesario señalar que en los últimos 20 años la PAC ha evolucionado sensiblemente, y ha venido marcada por sucesivas reformas, algunas de ellas adoptadas y puestas en vigor incluso antes de poder asumir los resultados de la anterior, con la consiguiente pérdida de perspectiva y proyección de futuro, necesarias para que el empresario agrario pueda contemplar un horizonte despejado para poder realizar las inversiones de futuro en su explotación con un mínimo de seguridad.
Sin embargo, y a pesar de ello, los agricultores y ganaderos han venido adaptándose permanentemente a las sucesivas reformas y cumpliendo de forma escrupulosa las nuevas exigencias en materia de producción, en especial en materia medioambiental, de sanidad y bienestar animal y de trazabilidad de sus productos.
El pasado 12 de Octubre, la Comisión presentó sus propuestas oficiales de cara a la reforma de la PAC para el periodo 2014/2020. A partir de este momento, comienza un largo periodo de discusión. Desde ASAJA hemos estado trabajando intensamente desde Junio de 2010, fecha en la que la Comisión abrió un amplio debate público sobe la futura Reforma de la PAC y que ha continuado permanentemente en los diversos foros en los que hemos estado participando tanto en Bruselas como a nivel nacional.
Las propuestas avanzadas por la Comisión hacen caso omiso al llamamiento que, desde los más variados foros internacionales, se hace para incrementar la capacidad productiva para promover la seguridad alimentaria y favorecer un crecimiento económico sostenible. En lugar de ello, la Comisión propone una serie de medidas, en especial las relativas a la “ecologización obligatoria”, que limitan la capacidad del sector productor europeo para ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado y volátil.
Por otra parte, no encontramos en las propuestas presentadas ninguna aportación al objetivo de simplificación de la PAC. Bien al contrario, las propuestas en materia de condicionalidad, ecologización, topes, reducciones y compensaciones, así como las definiciones, entre ellas la de “agricultor activo”, sembrarán más confusión en la sociedad, mayor burocracia para los profesionales agrarios y más carga administrativa para los Gobiernos.
La discusión de estas propuestas comienza ahora y se espera que los reglamentos definitivos no estén listos antes de primavera de 2013, por lo que entendemos hay tiempo para intentar corregir el impacto negativo que estas propuestas tendrían en el diverso mapa productivo nacional y regional.
Este periodo es crucial para poder reorientar las propuestas y alcanzar un acuerdo para una Reforma de la PAC acorde con las necesidades futuras, tanto en términos alimentarios, como de búsqueda de soluciones a nuestra dependencia energética, en consonancia con las preocupaciones medioambientales y sociolaborales y que asegure nuestro modelo europeo de producción agroalimentaria, así como el equilibrio entre todas las regiones que componen el territorio de la UE.
PERSPECTIVAS FINANCIERAS
En primer lugar, hemos de hacer mención a uno de los aspectos más importantes, que no es otro que el componente financiero.
El presupuesto sugerido en las perspectivas financieras presentadas el pasado 29 de Junio, es absolutamente insuficiente para mantener el tejido del medio rural y una agricultura moderna y competitiva. Se establece un techo máximo de gasto de 4.950 millones de euros al año para España, lo que significa aproximadamente un 11% menos de lo que se percibe en la actualidad. El compromiso es el mismo para cada uno de los 6 años del periodo, sin tener en cuenta el efecto inflacionista.
En cualquier caso, no se pueden acometer las nuevas exigencias sin tener un conocimiento cierto del presupuesto comunitario aprobado para el periodo, por lo que cualquier decisión en materia agraria no deberá ser tomada hasta que no se apruebe el presupuesto 2014-2020.
PAGOS DIRECTOS
- Una cuestión fundamental será la definición de “agricultor activo” que debe centrarse especialmente en el mantenimiento real de una actividad agraria, para lo que será necesario el establecimiento de unos requisitos mínimos que aseguren dicha actividad en las superficies elegibles.
Nosotros, desde ASAJA preferimos hablar de “Agricultura Activa”, limitando los apoyos, única y exclusivamente, a la actividad productiva que ejerce el agricultor como empresario, que invierte en su explotación para hacerla moderna y competitiva, y que genera riqueza y desarrollo en el medio rural.
En la definición de agricultor activo contemplado en la propuesta se aplica un tratamiento distinto a los perceptores de menos de 5.000 euros anuales, que rechazamos desde ASAJA. Si se trata de legitimar la PAC, no se deben hacer estas distinciones, ni siquiera apelando al principio de simplificación.
- El establecimiento de un “Pago Base” no debe nunca perjudicar a la agricultura más productiva, por lo que desde ASAJA rechazamos el establecimiento de una Tasa o Pago Uniforme que trate por igual realidades productivas diferentes.
La propuesta de Tratamiento No Diferenciado castiga a la agricultura y a la ganadería española, caracterizada por su diversidad productiva y sistemas de explotación, penalizando especialmente a los sectores más productivos, como puede ser el cultivo de regadío o la ganadería que no está ligada a la superficie. Por el contrario, se beneficiaría la agricultura menos productiva.
- Especialmente sangrante es el caso de la ganadería, que es sin duda la gran olvidada en estas propuestas, dejando, solo en apariencia, a los Estados Miembros la posibilidad de paliar las deficiencias a través de los pagos asociados.
- ASAJA exigirá que en esta armonización de pagos se utilicen criterios objetivos y no discriminatorios que tengan efectivamente en cuenta la realidad y la diversidad productiva en todo el territorio español, posibilidad contemplada en el articulo 20 de la propuesta de reglamento relativo a pagos directos.
- Partiendo del rechazo a un Pago No Diferenciado en España, desde ASAJA pensamos que es necesario realizar estudios de impacto de modelos alternativos de asignación regional de los límites máximos nacionales procediendo a la definición del concepto de “región” en base a características agronómicas y económicas, su potencial agrícola regional o su estructura institucional o administrativa, tal como se contempla en el citado articulo 20, articulo que será sin duda clave para la aplicación de la reforma en España.
En opinión de ASAJA, estos estudios deberán contemplar, al menos, dos opciones:
1. La fijación de criterios que respeten al máximo la situación productiva y equilibrio presupuestario actual, descendiendo al nivel más cercano a la explotación, posiblemente al de comarcalización productiva, de manera que los eventuales desequilibrios que se puedan dar se circunscriban a la comarca en cuestión y al sistema de explotación (regadío, secano). Esta posibilidad se acercaría a la “foto actual” ya que se tendrían en cuenta los fondos que actualmente están percibiendo cada una de esas comarcas, si bien habrá que tener en cuenta las nuevas hectáreas que se puedan incorporar (lo que dependerá en gran medida de las hectáreas admisibles).
O
2. La creación de un mapa de zonas homogéneas de producción, en base a criterios agronómicos, con su atribución presupuestaria especifica. Este mapa debería ir más allá de una delimitación básica, secano y regadío, para dar cabida a situaciones de cultivo especificas, como es el caso, entre otros, del olivar (tradicional y de alta producción), o dar entrada a unas superficies “de pastos”, que incluyan ecosistemas naturales tradicionales (como la dehesa) y que deberían, en cualquier caso, estar ligadas a la producción ganadera. Lógicamente, esta opción podría implicar un reequilibrio presupuestario.
Otra cuestión de interés para minimizar el más que posible impacto negativo de esta Reforma, sería hacer uso de la posibilidad que ofrece a los Estados Miembros la propuesta de reglamento de calcular el valor de pago base, mediante coeficientes que permitan diferenciar, de forma transitoria, el valor de los derechos individuales de los agricultores en función de si tenían o no adquiridos derechos antes de la entrada en vigor de la nueva PAC.
Así, y en opinión de ASAJA el porcentaje mínimo de utilización de un criterio uniforme nacional o regional debería comenzar en el 20%, y no en el 40% como indica la propuesta de reglamento. Asimismo debería concederse un periodo transitorio más largo para alcanzar esta uniformizacion de manera menos traumática, más allá de 2019.
- Relacionado con todo lo anterior, ASAJA también está en contra del denominado “greening” y con más rotundidad cuando estas normas van a penalizar al pago base1. Los compromisos que acompañan a dicho “pago verde”, suponen un coste adicional para el agricultor y supondrán mermas productivas y de competitividad, especialmente en las zonas más productivas.
Relacionado con todo lo anterior, ASAJA también está en contra del denominado “greening” y con más rotundidad cuando estas normas van a penalizar al pago base1. Los compromisos que acompañan a dicho “pago verde”, suponen un coste adicional para el agricultor y supondrán mermas productivas y de competitividad, especialmente en las zonas más productivas.
ASAJA recuerda que en el marco del Segundo Pilar de la PAC están suficientemente contempladas las medidas agroambientales y que en el sistema actual de Régimen de Pago Único, así como en el futuro Pago de Base propuesto se ha de respetar obligatoriamente la llamada “condicionalidad” para acceder a dichos pagos.
Por tanto, el “Greening” supone implementar un rigor desproporcionado en las normas de producción (mayores costes y pérdida de competitividad que no se exige a nuestros competidores de fuera de la UE) por un lado y, por otro lado, también supone vaciar de contenido las medidas agroambientales del Segundo Pilar de la PAC, rompiendo los claros objetivos encomendados a cada pilar de la PAC.
Hay que recordar que la estructura de dos pilares de la PAC delimitando claramente los fines u objetivos de cada uno de ellos, es un aspecto en el que coinciden todas las Instituciones y Administraciones, siendo además una de las conclusiones del debate publico que tuvo lugar con anterioridad a la presentación de las propuestas legislativas sobre el futuro de la PAC.
De no poder conseguir su eliminación del cuerpo legislativo de la nueva PAC, se debería reducir drásticamente el porcentaje destinado a esta medida, y que dichos fondos pasen a incrementar el Pago de Base Las medidas exigidas en este apartado deberán adecuarse para ceñirse a las que actualmente se exigen en concepto de “condicionalidad”. Por otra parte, la penalización no debería en ningún caso extenderse al Pago de Base.
La necesidad de apoyo a los Jóvenes Agricultores viene recogida en las propuestas, si bien estimamos que estas son poco concretas e insuficientes para garantizar un necesario relevo generacional en el campo.
Por otra parte, el establecimiento de límites máximos de números de derechos “mejorados” a los que el joven agricultor puede ser beneficiario dependiendo del tamaño medio de las explotaciones del país en donde resida, según el art 36.5, supone para un joven agricultor español (24 Has de media en España), un agravio comparativo respecto de un joven francés (52 Has de media), alemán (46 Has) o de la República Checa (89 Has). ASAJA propone la eliminación de esta limitación de los derechos que pueden ser mejorados por este concepto.
El apoyo a los jóvenes sigue sin ser una política prioritaria para Bruselas. Los verdaderos obstáculos para los jóvenes agricultores son consecuencia de la falta de acceso a la financiación adecuada, así como la escasa rentabilidad de las explotaciones agrarias en el mercado, lo que implica una fuerte dependencia de los pagos directos y unas rentas muy inferiores a las obtenidas en otros sectores.
ASAJA ve con buenos ojos la decisión de asignar los nuevos derechos de ayuda a los solicitantes de las declaraciones de 2011, con el objeto de no desvirtuar la realidad del mapa agrario actual. No obstante, sería necesario corregir la redacción del artículo 21 de la propuesta de la Comisión con el objeto de incorporar algunas excepciones.
Por tanto, la redacción del punto 2 a) del citado artículo debería modificarse en el sentido siguiente:
a) En virtud de régimen de pago único, no activaron ningún derecho de pago pero produjeron exclusivamente frutas, hortalizas, olivar y/o cultivaron viñedos exclusivamente;
Asimismo, tras el apartado b), debería añadirse un nuevo apartado:
C) En virtud de régimen de pago único, no activaron ningún derecho de pago pero si solicitaron la ayuda especifica contemplada en sectores cuyo desacoplamiento total fue establecido por el Estado Miembro para el año 2012.
-Igualmente, en lo que respecta a la referencia del año 2011 como condición para poder asignar nuevos derechos en 2014, se debería asegurar que haya plena seguridad jurídica en el caso de herencias, escisiones, fusiones, cambios de denominación jurídica, nuevas incorporaciones (Jóvenes), compras, arrendamientos, …. que como es lógico deben realizarse y comunicarse a la Administración con efectos para el año 2012, así como en años posteriores hasta la entrada en vigor del nuevo marco legislativo de la PAC. Dicha seguridad “no puede esperar” a que, en su caso, se contemple a través de las competencias delegadas recogidas en el apartado a) del articulo 28.
- No obstante, en este mismo sentido, ASAJA considera esencial concretar al máximo la definición de hectárea admisible acotándola a aquellas superficies agrarias utilizadas para producción agrícola y/o ganadera. Cualquier interpretación de “hectárea admisible” que deje abierta la puerta a la inclusión injustificada de superficies no productivas desde el punto de vista agrícola o no relacionados con una carga ganadera mínima tendría serias repercusiones sobre el pago de Base y en definitiva sobre el nuevo modelo que se pretende crear.
- El sistema de “pagos asociados voluntarios para incentivar el mantenimiento de los niveles actuales de producción en las regiones de que se trate”, constituye el único mecanismo que la Comisión propone para intentar corregir los desequilibrios del nuevo sistema de ayudas, en particular en la agricultura intensiva y la ganadería, tanto en régimen intensivo como extensiva. Va a ser por tanto, una medida a la que debemos prestar especial atención ya que con el presupuesto propuesto no se corregirían todos estos desequilibrios.
- ASAJA rechaza los recortes progresivos de ayuda a partir de unos importes (150.000 €), por ser contrarias al principio de búsqueda de competitividad y orientación al mercado. De mantenerse la propuesta, exigimos mecanismos para que con estos límites de ayuda no se perjudique a las explotaciones que más empleo generan, ya sea mediante mano de obra contratada como por el trabajo realizado por los socios y/o miembros de la empresa agropecuaria, o aquellas que han realizado importantes inversiones en modernización y tecnificación de sus activos, así como aquellas que trabajan bajo societarios en los cuales participen más de un miembro ó socio.
- Respecto a los requisitos mínimos para recibir los pagos directos, y para una mejor atribución de los fondos de la PAC, España debería utilizar la posibilidad que le ofrece la reglamentación (Art 10) y limitar el acceso al pago de fondos PAC a aquellos beneficiarios que perciban más de 300 Euros anuales, de acuerdo con el Anexo IV.
- En cuanto al Pago voluntario a las zonas sometidas a Limitaciones Naturales, entendemos que las medidas que deben aplicarse en estas zonas tienen un carácter estructural, y por tanto tienen plena justificación en el Segundo Pilar de la PAC, por lo que instamos a poner los mecanismos necesarios y suficientes para hacer una verdadera política de apoyo claro y firme.
