Se teme una subida del IVA, que el campo no podrá repercutir en lo que vende.
La organización agraria ASAJA de Castilla y León ve con preocupación la
posible decisión del Gobierno de subir de forma selectiva el IVA de
productos y servicios siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario
Internacional y de la Unión Europea. ASAJA considera que una subida en
el IVA de los alimentos provocará un menor consumo y por tanto una caída
en los precios de un mercado que ya de por sí está congestionado, pero
además la gran distribución tratará de no trasladar toda la subida al
consumidor presionando más si cabe sobre el productor en la cadena de
valor de los alimentos, bajando así los precios en origen.
Dado
que la mayoría de los agricultores y ganaderos de Castilla y León están
en el Régimen Especial Agrario del IVA, es decir, no hacen balance con
Hacienda sino que repercuten en las ventas agrarias el 10 por ciento y
en las ventas ganaderas el 8,5% para hacer una compensación teórica del
IVA soportado en las compras de los medios de producción y las
inversiones, esta hipotética subida del IVA puede provocar un nuevo
desequilibrio fiscal y un coste más para el sector primario. El sector
está pagando el 8% de IVA en la compra de medicamentos veterinarios,
semillas, piensos y productos fitosanitarios, y animales de reposición,
entre otros, por lo que una subida al IVA general del 18% supondría un
encarecimiento de la factura que no se compensaría con la venta de lo
producido en la explotación.
ASAJA quiere recordar al Gobierno
que el sector agrario viene reclamando desde hace años la subida del IVA
compensatorio en la ganadería, actualmente en el 8,5 por ciento, para
situarlo en los mismos niveles que el de la agricultura, que es del 10
por ciento. Por esta vía, una explotación ganadera de tamaño medio
pierde al año, en el balance de IVA, en torno a los 2.000 euros. ASAJA
considera que no hay razón económica alguna para que agricultores y
ganaderos repercutan importes de IVA distintos en la venta de sus
producciones.
Otras medidas que están en agenda económica de la
política del Gobierno, como el “céntimo verde” en los carburantes o el
“recargo sobre el impuesto de la electricidad”, supondrían un coste más
para agricultores y ganaderos que son grandes consumidores de estas
energías y que en modo alguno pueden repercutir los incrementos de los
costes en la venta de sus productos.
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