Los Gobiernos de los Veintisiete, el Parlamento Europeo (PE) y la
Comisión Europea (CE) estudian imponer un máximo de pérdidas del 30 %
entre los sectores agrícolas, a consecuencia del nuevo sistema de
reparto de pagos directos de la futura Política Agrícola Común (PAC) en
el periodo 2014-2020.
El Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) está reunido en
Luxemburgo para cerrar una posición sobre la reforma de la PAC más
próxima a la del otro colegislador, el PE, para intentar lograr un
acuerdo definitivo esta semana sobre las ayudas agrícolas para los
próximos siete años.
En paralelo, los
ministros mantienen negociaciones a tres bandas con los equipos
negociadores de la Eurocámara y la CE para intentar aproximar sus
posiciones sobre diversos asuntos aún por definir.
La reforma persigue premiar unas prácticas agrícolas más ecológicas y un reparto más equilibrado de las ayudas.
En
el primero de los dos "trílogos" que las tres instituciones programaron
para hoy abordaron uno de los temas que más preocupan a España: la
"convergencia interna" o cómo se repartirán los pagos directos (el
grueso de las ayudas de la PAC) a nivel nacional.
La
CE, que en un principio quería imponer una "tasa plana" por hectárea
para todos los agricultores europeos, propuso después, tras el rechazo
de grandes potencias agrícolas como España, Francia o Italia, un umbral
mínimo de convergencia de las ayudas en 2019 a nivel nacional del 75 %
del pago medio regional por hectárea, una cifra aún muy elevada para
muchos países.
Hoy la Comisión, los
eurodiputados y los ministros han protagonizado un "acercamiento" en ese
aspecto y estudian rebajar ese porcentaje a "entre el 50 y 70 %", si es
que ningún sector sufre pérdidas de más del 30 %, indicaron fuentes
comunitarias.
El ministro español de
Agricultura, Miguel Arias Cañete, indicó a su llegada a la reunión que
el objetivo de España es que los agricultores y los distintos tipos de
cultivos en España sigan percibiendo el mismo nivel de apoyos, sin que
algunos dejen de recibir ayudas que mermen su competitividad.
Para
mitigar el impacto de la "convergencia interna", España solicita una
regionalización "muy flexible", excluir a todos los pequeños
agricultores, disponer de un suelo de convergencia más bajo y establecer
cláusulas de limitación de pérdidas, algo que el comisario europeo de
Agricultura, Dacian Ciolos, consideró que puede ser una solución para la
diversidad del campo español.
La
eurodiputada socialista Iratxe García, que forma parte del equipo
negociador del PE, confirmó a la prensa al término del primer trílogo el
"acercamiento" de posturas sobre la convergencia interna, que llegaría
según dijo al 60 % del pago regional por hectárea en 2019, siempre y
cuando "ningún sector perdiera más de un 30 % de la actual ayuda que
tiene en estos momentos".
Por lo que se
refiere a los pagos acoplados (excepcionalmente ligados a la
producción), la eurodiputada también vio posible llegar a un acuerdo,
aunque "no está todavía abordada todavía la cuestión de la lista de
productos" que se beneficiarán de esas ayudas, en la que España quiere
que estén incluidos el tabaco y el algodón.
El
Consejo (los países) quiere situar entre el 7 y el 12 % el porcentaje
del sobre nacional de ayudas de la PAC que irá destinado a los apoyos
acoplados.
La CE, el PE y el Consejo
iniciaron a última hora de la tarde una segunda negociación a tres
bandas que, según fuentes de la presidencia irlandesa de la UE, está
previsto que se prolongue por varias horas.
En
esa reunión esperan abordar otros asuntos pendientes como el fin de las
cuotas del azúcar, que España quiere que se prorroguen hasta al menos
2017, o los derechos de plantación de los viñedos, que espera que se
prolonguen hasta, por lo menos, 2024.
El
PE también presiona para tomar parte en un debate que los líderes de la
UE quisieron zanjar en su cumbre de febrero sobre la posibilidad de
imponer un límite a las grandes explotaciones, que finalmente decidieron
dejar en manos de cada Estado miembro.
La
propuesta que estudian actualmente prevé una modulación regresiva del
14 % para las explotaciones que perciban entre 150.000 y 300.000 euros
anuales (todavía no se ha hablado de un porcentaje de reducción para las
que percibiesen más de esa cantidad).
En cualquier caso, la presidencia de la UE recalcó que "nada está cerrado hasta que todo lo esté".
Las tres instituciones se han propuesto intentar cerrar un acuerdo definitivo sobre la PAC para el miércoles. EFEAGRO
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