La UE multa a España por la plantación ilegal de viñas

La sentencia del Tribunal señala que las autoridades españolas centraron sus inspecciones en las regiones con parcelas cuyos propietarios habían pedido la regularización que se aplicaba antes del 1 de septiembre de 1998.

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha rechazado el recurso presentado por España contra la multa de 54,9 millones de euros que Bruselas le impuso en 2008 por la plantación ilegal de viñas, sobre todo en Castilla-La Mancha y Extremadura.

La multa correspondía al 10 % del gasto agrícola en el sector vitivinícola relativo a los ejercicios presupuestarios de 2003 y 2004. España pidió al Tribunal General la anulación de la decisión de Bruselas.

En una sentencia conocida el 31 de enero, el Tribunal ha confirmado la validez de los argumentos que llevaron a la Comisión Europea a concluir que España, ya sea la administración nacional o las autonómicas, no controló de manera adecuada el cultivo de vid no autorizada, durante las campañas 2003 y 2004.

Las dos principales autonomías afectadas son Castilla-La Mancha y Extremadura, donde se encontraron 9.280 hectáreas de viñas ilegales, según la Comisión.

Bruselas argumentó en su día que el viñedo ilegal contribuye a aumentar los excedentes y en consecuencia a elevar las ayudas y el gasto que la regulación actual establece en favor de los productores de vino, mediante apoyos como la destilación de crisis.

Ya en febrero del pasado año y bajo el título ‘Arrancar ahora para plantar en 2015, el negocio de la OCM’ advertíamos en esta sección de las intenciones de la Unión Europea de acabar con los derechos de plantación de viñedo en esa fecha a pesar de las ingentes cantidades de dinero que se han empleado en arrancar viñedo, no sólo en nuestra región sino en toda España, con el objetivo de lograr un equilibrio en el mercado que pudiera deparar precios justos para el productor.

Es por ello que bajo este debate de si es apropiado o no la liberalización de derechos esta sentencia viene a dar la razón al sector que considera que esa medida contribuiría a empeorar la difícil situación que atraviesan y se la quita a las autoridades comunitarias que ante las presiones recibidas por los distintos países productores parece haber retrocedido y anunciado que se estudiará con detenimiento las sugerencias de los viticultores. Sin embargo según parece, la multa no se perdona