La organización agraria COAG está seriamente preocupada en relación
con las últimas declaraciones del Comisario de Agricultura sobre el
futuro de los derechos de plantación de viñedo en la UE, realizadas en
el marco de la reunión del Consejo informal de Agricultura en Chipre el 9
de Septiembre, proponiendo un nuevo sistema más flexible, sin
limitación estricta de superficies y cuya gestión se dejaría básicamente
en manos de organizaciones interprofesionales.
A
este respecto, el responsable del sector vitivinícola de COAG y
Vicepresidente del Comité Consultivo Vino de la UE, Alejandro
García-Gasco, ha reafirmado su defensa del sistema actual de derechos de
plantación de gestión pública por las administraciones, que en el curso
de las últimas décadas, se ha revelado como un instrumento eficaz para
la política de calidad y para la gestión del potencial de producción en
el seno de la Unión Europea, por lo que no tiene sentido sustituirlo por
otro que sería ineficaz y su gestión resultaría inviable en el estado
español.
La eliminación de un mecanismo de
control eficaz sobre los viñedos, provocaría una deslocalización de la
producción que amenazaría el patrimonio vitícola de 200.000
viticultores/as profesionales en nuestro país y el equilibrio
medioambiental de las principales regiones productoras, caso de Castilla
La Mancha, al no existir alternativas viables a este tipo de cultivo.
Las
propuestas del Comisario se han realizado, antes de que el Grupo de
Alto Nivel (GAN) para los derechos de plantación de viñedo, creado por
el propio Ejecutivo comunitario, finalice sus deliberaciones y emita sus
conclusiones y sin tener en cuenta la posición común de los EE.MM, que
están en contra de la liberalización de plantaciones.
COAG
ha solicitado al Ministerio de Agricultura una reunión para trasmitir
nuestra preocupación por estas propuestas y para conocer la posición del
nuestra Administración ante la reunión del GAN de próximo 21 de
septiembre.
No hay que olvidar que con la
liberación de plantaciones se pondría en riesgo un elemento importante
de fijación de la población rural, se debilitarían las condiciones
productivas de las zonas tradicionales de cultivo, siendo especialmente
perjudicial para las zonas de más dificultades y las amparadas por
indicaciones de calidad y se produciría un descenso en los precios de
las uvas y los vinos, por un incremento de la oferta.
La
bajada de precios tendría como consecuencia la incapacidad de los
productores para soportar los costes de producción, provocando el
abandono y, en general, un descenso importante de la calidad. Así mismo
el mapa de la propiedad vitícola cambiaría y se pondría en riesgo su
carácter familiar de las explotaciones vitivinícolas y la viabilidad de
sus cooperativas.
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