Se exige pago de ayudas

Los agricultores de Castilla y León no cobran treinta millones de euros porque Ministerio y Junta no tienen para poner su parte.

La Junta de Castilla y León no ha efectuado ningún pago a los agricultores y ganaderos de las ayudas de la política agrícola común que conllevan cofinanciación autonómica y nacional, y todo lo que ha pagado son fondos cien por cien de Bruselas que gestiona la comunidad autónoma. Hasta ahora la consejería de Agricultura se ha limitado a pagar el 50 por ciento de las “ayudas del pago único” y ha anunciado para esta semana la otra mitad del dinero, que cifra es su conjunto en 723 millones de euros, pero nada ha dicho de los pagos de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR), cuando otros años por estas fechas el dinero estaba ya mayoritariamente en las cuentas de los agricultores.

Este paquete de ayudas del que la Junta “se desentiende” incluye líneas tan importantes como la indemnización compensatoria de zonas de montaña y desfavorecidas y las ayudas agroambientales –agricultura ecológica, agroecosistemas extensivos de secano, razas autóctonas en peligro de extinción, ganadería ecológica, superficies forrajeras pastables, alfalfa ecotipo Tierra de Campos, aprovechamiento forrajera extensivo mediante pastoreo con ovino y girasol en secano en zonas Red Natura 2000–. Estas ayudas, por importe total de 66,36 millones para 2011, están financiadas por la Unión Europea (FEADER) en un 42 por ciento –27,9 millones de euros– y el 58 por ciento restante a partes iguales entre el Ministerio y la consejería de Agricultura –38,46 millones de euros–. La Junta y el Ministerio no tienen en este momento el dinero para poner su parte, pese a figurar en un programa plurianual y en los presupuestos de 2011 de ambas administraciones, por lo que pretenden pagarlo con dinero del presupuesto de 2012, un presupuesto del que por cierto nada se sabe y parece que va para largo.

Estos retrasos e incertidumbres en los pagos ponen aún más contra las cuerdas a los ganaderos, que están atravesando una severa crisis por la nula rentabilidad de sus explotaciones, hecho que convierte la situación en más injusta si cabe. Lo mismo se puede decir de la ayuda a zonas de montaña y desfavorecidas, que va dirigida exclusivamente a los agricultores profesionales y que tiene como finalidad compensar en parte las limitaciones de este tipo de explotaciones para ser competitivas.