PAC Ataque frontal al modelo agrario profesional

Se critica que la Comisión olvide los objetivos esenciales de la Política Agraria: producir alimentos para garantizar el abastecimiento de la población y generar empleo para mantener la vertebración territorial.

- El nuevo reparto de ayudas resta fondos a los profesionales agrarios que más han invertido en sus explotaciones, para dárselos a grandes propietarios que no tienen por qué desarrollar ninguna actividad productiva. La limitación de pagos que se plantea es una “pantomima”, con lo que la nueva PAC vuelve a consagrar subvenciones millonarias.

- La Comisión sigue sin incluir mecanismos de gestión de los mercados, que son los que pueden garantizar la continuidad de la actividad frente a los abusos y desequilibrios en las relaciones comerciales.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, considera, tras analizar de forma exhaustiva la información que se va filtrando, que la nueva Política Agraria Comunitaria para el período 2014-2020 supone un ataque frontal al modelo agrario profesional.

En ese sentido, COAG critica la pérdida de peso económico de la PAC, que sufre una importante reducción de presupuesto y que además experimenta un trasvase de fondos del primer pilar (pagos directos) al segundo (desarrollo rural). De este modo, parte del dinero que deben recibir directamente los agricultores y ganaderos pasa a destinarse a actuaciones de desarrollo rural, que si bien pueden beneficiar a los productores también pueden tener otros usos no relacionados con la actividad. Además, las medidas del segundo pilar son cofinanciadas, es decir, que si el estado no aporta su porcentaje de presupuesto, dicha cantidad se pierde.

En cuanto al diseño propuesto para la nueva PAC, la Comisión plantea una nueva distribución de los pagos directos estableciendo como condición previa el hecho de ser “agricultor en activo” (excepto para ingresos menores de 5.000 euros), pero con una definición que en ningún momento prioriza a los agricultores y ganaderos que realmente viven de su actividad. Antes al contrario, se reconoce como actividad agrícola no sólo los cultivos y la cría y mantenimiento de ganado, sino también el hecho de tener la tierra en un “estado adecuado”. Esto permite ampliar considerablemente el número de posibles beneficiarios de las ayudas, favoreciendo a propietarios de grandes extensiones que no tendrán obligación de desarrollar en ellas ninguna actividad agraria. De este modo, la propuesta ignora el principal objetivo de la PAC: garantizar el abastecimiento de la población europea.

Asimismo, la Comisión plantea una tasa plana, es decir, una ayuda por hectárea igual para todos, que no entiende de sectores más o menos sensibles ni de cuánto se haya invertido para modernizar una explotación, por ejemplo.

Además de la renta base cuyo reparto acabamos de describir, el sistema propuesto establece un pago verde, que condiciona el 30% de la partida de ayudas directas al cumplimiento de una serie de requisitos medioambientales. Con este reverdecimiento de la PAC se pretende favorecer la promoción de la producción ecológica (este sistema de producción recibirá el pago verde automáticamente), el mantenimiento de prados permanentes y la diversificación de cultivos, si bien en algunos casos se fijan requisitos difíciles y costosos, a veces absurdos y no justificados desde el punto de vista medioambiental, que pueden convertirse en trabas para conseguir este porcentaje de ayudas, buscando por tanto un ahorro presupuestario.

Otra de las grandes pantomimas de esta propuesta de Política Agraria se encuentra en lo que establece como modulación. Aparentando recoger esta reivindicación de los profesionales agrarios, en realidad lo que hace la Comisión es consolidar subvenciones millonarias, ya que sólo somete a la modulación una parte de los pagos directos, restando el componente verde y también los salarios y contribuciones sociolaborales. Un ejemplo: aunque se propone una modulación del 100% para las ayudas superiores a 300.000 euros, si a esa ayuda le añadimos el pago verde y los costes salariales y sociolaborales estaríamos hablando de importes que podrían superar el millón de euros, con lo que no se produciría ningún cambio respecto a la situación actual.

Lo mismo ocurre con las supuestas medidas de gestión de mercados que recoge la propuesta. Ni la Reserva para crisis ni el Fondo Europeo de Globalización (fondo con presupuesto ridículo, creado para compensar los perjuicios de los acuerdos comerciales con países terceros) significan una apuesta seria para frenar la especulación, los abusos de la distribución, la competencia desleal de los productos de terceros países o el alto diferencial de precios entre origen y destino.

La Comisión sigue cerrando los ojos al tema clave, porque la continuidad de los sectores agrarios no se puede garantizar sólo con ayudas, sino que es necesaria la regulación de los mercados, para conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales. En un territorio con 500 millones de consumidores, los agricultores y ganaderos podemos y queremos vivir del mercado, pero eso no será posible si la PAC se dedica a seguir impulsando el proceso de liberalización y desregulación al que asistimos desde hace años, y que viene dictado por las grandes cadenas y la OMC.