Varios centenares de tractores y cosechadoras han vuelto a salir a
la carretera en una nueva tractorada convocada por COAG Andalucía y
UPA-Andalucía, continuando con la “movilización permanente” iniciada en
Jerez para denunciar que la reforma de la PAC que en estos momentos se
debate en Bruselas ataca frontalmente los intereses de Andalucía, al no
defender la actividad productiva ni el modelo profesional, además de no
incluir mecanismos de regulación de los mercados. Después de Jerez,
Lebrija, Andújar, Córdoba y Mancha Real, hoy los tractores han tomado el
municipio sevillano de Los Palacios, así como la N-IV, en una nueva
manifestación coordinada entre COAG y UPA, que ha partido desde la
pedanía de El Trobal.
Los Secretarios
Generales de COAG Andalucía, Miguel López, y UPA-Andalucía, Agustín
Rodríguez, han afirmado que no es posible construir más agricultura y
más ganadería con menos presupuesto y con menos normas de mercado. A su
juicio, no es posible aceptar que la fórmula de ayudas vaya dirigida a
desincentivar la agricultura y ganadería productiva para premiar
aquellas hectáreas no productivas cuyo único objetivo va a ser el cobro
de las ayudas de la UE, restando así capacidad para seguir manteniendo
la que hoy es la primera industria en Andalucía, que mueve más de 14.000
millones de euros y genera millones de puestos de trabajo. De ahí que
los dos Secretarios Generales coincidan en afirmar, de manera rotunda,
que es absolutamente imprescindible una política comunitaria con el
mismo presupuesto que ha llegado a nuestra comunidad autónoma hasta
ahora y con reglas básicas que permitan recuperar los precios en origen.
En
ese sentido, los Secretarios Generales de COAG Andalucía, Miguel López,
y UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, han recordado que la reforma que
propone Europa no apuesta por el tejido productivo, ni por los
profesionales agrarios, ni por la diversidad productiva, elementos clave
para Andalucía. La propuesta que se baraja incluye cuestiones muy
perjudiciales como la posibilidad de incrementar el número de hectáreas
elegibles, sin tener en cuenta su dedicación real a la actividad
productiva ni tampoco el empleo generado en ellas. De hecho, se plantea
un incremento de superficie en el cual un alto porcentaje no corresponde
a hectáreas productivas, ni siquiera para el desarrollo de la actividad
ganadera. A este respecto, Miguel López y Agustín Rodríguez han
recordado que el Gobierno tiene la obligación de acotar el número de
hectáreas que vayan a entrar en el nuevo sistema de ayudas, porque no
vale ningún modelo que termine sacando dinero de la agricultura
productiva hacia hectáreas que sólo pretendan especular con las ayudas
sin producir. En este sentido, los dos Secretarios Generales hacen
hincapié en que si, finalmente, se aprueba un modelo de ayuda lineal
para todas las hectáreas, la medida supondría la caída del volumen de
ayudas que Andalucía ha venido recibiendo históricamente y que se ha
generado con el esfuerzo de miles de agricultores y ganaderos.
COAG
y UPA también denuncian que Bruselas no reconoce un elemento peculiar,
como es el regadío, que genera casi el 70% de la producción final
agraria, y que es esencial para nuestra comunidad, por el nivel de
inversiones realizado, la productividad obtenida y el empleo que genera.
El regadío es, además, una estrategia de estado, y lo ha sido desde los
tiempos de la República, fomentándose la construcción de embalses, la
modernización de las estructuras, la innovación, etc., lo que ha
provocado un alto nivel de endeudamiento por parte del sector, por lo
que el mantenimiento de los apoyos públicos es fundamental para la
continuidad del tejido productivo.
Por
otra parte, tanto Miguel López como Agustín Rodríguez han recalcado, una
vez más, que la reforma de la PAC tiene que incluir mecanismos básicos
de regulación de los mercados y un marco jurídico que garantice el
diálogo y el equilibrio en la cadena agroalimentaria, para evitar el
deterioro del tejido productivo, la especulación y los abusos sobre
productores y consumidores.
Igualmente,
los Secretarios Generales han destacado que la reforma que se plantea no
está pensada para los sectores mediterráneos y provocaría un impacto
muy negativo para nuestro sistema productivo, básico para mantener el
empleo y la vertebración del territorio andaluz. En ese sentido, la
reforma debe marcar claramente el principio de preferencia comunitaria y
no entregar los sectores mediterráneos para aprovecharse del dumping
social, económico y medioambiental que realizan los países terceros,
poniendo en riesgo la calidad y seguridad alimentaria de los ciudadanos
europeos.
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