El nuevo reglamento de la Ley del Suelo descapitalizará al agricultor expropiado.
La organización lamenta que el Gobierno en funciones no haya esperado al resultado del recurso de inconstitucionalidad de ASAJA y pide al futuro Ejecutivo que derogue la norma.
AVA-ASAJA alerta que la aplicación del nuevo Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, publicado en el BOE el pasado día 9, depreciará la tierra y descapitalizará al agricultor afectado por procesos expropiatorios. Según el análisis realizado por el Departamento Jurídico, el nuevo método aprobado para tasar el suelo rural acabará por reducir la indemnización a los expropiados y obligará a los propietarios a asumir mayores costes por el pago de peritos y abogados. “El Gobierno en funciones ha aprobado ‘in extremis’, a hurtadillas y por la puerta de atrás una regulación repleta de tecnicismos que, lejos de clarificar cómo reparar el daño causado al agricultor expropiado, lo dejará más indefenso y confundido”, advierte Cristóbal Aguado, quien reclama al futuro Ejecutivo que salga que revise a conciencia esta regulación o incluso derogue la propia norma.
Paradójicamente, el citado reglamento trata de resolver las dudas generadas con la aplicación de la Ley del Suelo de 2008 en la tasación de las tierras afectadas por reparcelaciones, expropiaciones, ventas y sustituciones forzosas. La citada ley ya provocó un recurso de inconstitucionalidad aún no resuelto de ASAJA –la organización nacional a la que pertenece AVA- al entender que la eliminación del método de comparación para valorar los terrenos que introducía aquella norma imposibilitaba al afectado recibir una indemnización justa, esto es, el poder cobrar una compensación para adquirir un bien de igual naturaleza y característica al expropiado. “Sin esperarse al pronunciamiento del Constitucional, el Gobierno ha aprobado en el tiempo de descuento un reglamento de consecuencias gravísimas y que supone una puñalada trapera a los agricultores”, lamenta Aguado.
La voluntad declarada ahora por el Ministerio de Fomento para impulsar este desarrollo es “mejorar el funcionamiento del mercado del suelo y combatir prácticas especulativas”. Sin embargo, el reglamento limita los cambios en los métodos de valoración al suelo rural y mantiene los criterios de comparación en el urbano. Tal contraste, a juicio de Aguado, evidencia que el Gobierno quiere aplicar “una doble vara de medir, generosa en las ciudades e implacable en el ámbito rural con los agricultores, que tendrán que pagar la factura del abaratamiento de costes que ahora se pretende conseguir en las futuras expropiaciones”.
AVA-ASAJA advierte en este sentido que el nuevo método para la valoración de los suelos expropiados a partir de la capitalización de las rentas de la explotación (ya no de la tierra) perjudicará en líneas generales a todos los propietarios agrícolas. El complejo entramado de fórmulas de matemática financiera diseñado ahora para determinar la renta de la explotación expropiada abocará al perjudicado a asumir el coste de la contratación de peritos agrícolas que sean capaces de poder interpretarlas. Si el propietario afectado, además, tuviera la legítima aspiración de conseguir una mejora en la indemnización o de evitar sufrir los retrasos medios en el cobro hoy existentes –de unos cuatro años- tendría que asumir también los costes, en abogados y procuradores, de ir a juicio.
Por otra parte, el llamado “factor de localización” que se introdujo en el anteproyecto del citado reglamento y que estaba llamado a poder mejorar mínimamente las indemnizaciones en suelo rural, se ha diluido en la redacción definitiva del reglamento. Tal cambio afectará negativamente a las valoraciones de los campos más próximos a los núcleos urbanos, que son los más expuestos a ser expropiados y donde también se concentran la mayor parte de explotaciones de regadío de mayor valor agrícola.
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