martes, 22 de noviembre de 2011

Otro regalito del anterior gobierno de Zapatero que nos ha dejado a los agricultores.

El nuevo reglamento de la Ley del Suelo descapitalizará al agricultor expropiado.

La organización lamenta que el Gobierno en funciones no haya esperado al resultado del recurso de inconstitucionalidad de ASAJA y pide al futuro Ejecutivo que derogue la norma.

AVA-ASAJA alerta que la aplicación del nuevo Re­gla­men­to de Valoraciones de la Ley del Suelo, publicado en el BOE el pasado día 9, depreciará la tie­rra y des­­ca­pi­­ta­lizará al agricultor afectado por procesos expropiatorios. Se­­­­­gún el análisis realizado por el Departamento Jurídico, el nue­­­­vo método aprobado para tasar el suelo rural acabará por reducir la in­dem­ni­za­ción a los ex­­­propiados y obli­ga­rá a los propietarios a asumir mayores cos­tes por el pago de pe­ri­tos y abo­­gados. “El Gobierno en funciones ha aprobado ‘in extremis’, a hurta­di­llas y por la puer­ta de atrás una regulación repleta de tecnicismos que, lejos de clarificar cómo reparar el da­­ño cau­­sado al agricultor expropiado, lo dejará más indefenso y confundido”, advierte Cris­tóbal Agua­do, quien reclama al futuro Ejecutivo que salga que revise a con­cien­cia esta regulación o incluso derogue la propia norma.

Paradójicamente, el citado reglamen­to trata de resolver las dudas ge­neradas con la apli­cación de la Ley del Sue­lo de 2008 en la ta­sa­ción de las tierras afec­­­tadas por repar­ce­la­cio­nes, expropiaciones, ventas y susti­tuciones forzo­sas. La citada ley ya provocó un recurso de in­cons­titucionalidad aún no resuelto de ASAJA –la organización nacional a la que perte­ne­ce AVA- al entender que la eli­mi­nación del método de comparación pa­ra valorar los te­rre­nos que introducía aquella norma im­po­si­bi­li­ta­­ba al afectado recibir una indemnización justa, esto es, el poder cobrar una com­­pensación para adquirir un bien de igual naturaleza y ca­rac­te­rística al expropiado. “Sin esperarse al pronunciamiento del Constitucional, el Gobierno ha apro­­bado en el tiempo de descuento un reglamento de consecuencias gravísimas y que su­po­ne una puñalada trapera a los agricultores”, lamenta Aguado.

La voluntad declarada ahora por el Ministerio de Fomento para impulsar este de­sa­rrollo es “mejorar el fun­cionamiento del mercado del suelo y combatir prác­ticas es­pe­­cu­la­ti­vas”. Sin embargo, el reglamento limita los cambios en los métodos de valoración al suelo rural y mantiene los criterios de comparación en el urbano. Tal contraste, a juicio de Aguado, evidencia que el Gobierno quiere aplicar “una doble vara de medir, ge­ne­ro­sa en las ciu­da­des e implacable en el ámbito rural con los agricultores, que ten­drán que pagar la fac­tura del abaratamiento de costes que ahora se pretende conseguir en las futuras expropiaciones”.

AVA-ASAJA advierte en este sentido que el nuevo método para la valoración de los suelos expropiados a partir de la capitalización de las rentas de la explotación (ya no de la tierra) perjudicará en líneas ge­ne­ra­les a todos los propietarios agrícolas. El complejo en­tra­ma­­do de fórmulas de matemática financiera diseñado ahora para determinar la renta de la ex­plotación expropiada abocará al perjudicado a asumir el coste de la contratación de peri­tos agrí­colas que sean capaces de poder interpretarlas. Si el propietario afectado, además, tuviera la legítima as­pi­ra­ción de conseguir una mejora en la indemnización o de evitar sufrir los retrasos me­­dios en el cobro hoy existentes –de unos cuatro años- tendría que asumir también los costes, en abogados y procuradores, de ir a juicio.

Por otra parte, el llamado “factor de localización” que se introdujo en el anteproyecto del citado reglamento y que estaba llamado a poder mejorar mínimamente las in­dem­ni­za­cio­nes en suelo rural, se ha di­luido en la redacción definitiva del reglamento. Tal cambio afec­ta­rá negativamente a las valoraciones de los campos más pró­ximos a los núcleos ur­ba­nos, que son los más expuestos a ser expropiados y donde también se concentran la mayor par­te de ex­plo­ta­cio­nes de regadío de mayor valor agrícola.

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