La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para
definir el modelo español de aplicación de la nueva Política Agrícola
Común (PAC) ha concluido hoy en Madrid con resultados satisfactorios
para Andalucía, principalmente porque las comunidades autónomas han
aceptado el modelo de regionalización del pago básico propuesto por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que lo considera una
piedra angular para el desarrollo de una agricultura diversa, productiva
y generadora de empleo más allá del año 2020. El consejero de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha resaltado que se ha
dado un “paso adelante” que supone “un progreso muy importante en la
definición de la aplicación de la PAC “ y que para Andalucía
particularmente “significa una valoración positiva”.
Los
principios generales acordados entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y las comunidades autónomas
permiten que Andalucía conserve en las próximas rondas su aspiración
prioritaria de mantener el importe actual de las ayudas, 2.000 millones
de euros anuales. La región andaluza es la comunidad española que más
fondos recibe. Hay que tener en cuenta que esta Conferencia Sectorial
celebrada los días 24 y 25 de julio es una primera ronda de negociación
donde se han fijado las directrices de la aplicación de la PAC, a la que
ahora seguirán los trabajos de una serie de grupos técnicos
constituidos para definir con mayor concreción las decisiones. Lo
decidido en este foro es una guía para empezar a concretar el modelo de
aplicación.
El principal avance es la
aceptación del modelo de regionalización propuesto por Andalucía que se
basa en la comarca agraria con usos productivos homogéneos e importe
histórico de ayudas. Planas ha recalcado que con esta definición
Andalucía “cumple plenamente los objetivos planteados desde el principio
y de hecho eran parte de las aportaciones técnicas que hicimos al
Ministerio, además nos permite cumplir los objetivos de esta negociación
de que no haya transferencias significativas entre territorios y
sectores productivos”. Con esta directriz, un grupo técnico se encargará
ahora de definir la aplicación del modelo a cada una de ellas y la
concreción de las ayudas que corresponderán a cada agricultor.
Las
comunidades autónomas también han alcanzado un consenso sobre otra de
las principales aspiraciones de Andalucía, la limitación al máximo de la
entrada en el sistema de ayudas de nuevas superficies. La Conferencia
Sectorial ha acordado también que no se produzcan transferencias
económicas entre los dos pilares en los que se articulan las ayudas de
la PAC, lo que según Luis Planas constituye “un elemento de estabilidad
muy importante”.
También es un avance
relevante la aceptación de un régimen de pequeños productores, tal y
como ha defendido Andalucía, lo que permite asegurar un modelo de
aplicación individual que garantiza las ayudas a 117.000 productores
andaluces que perciben menos de 1.250 euros. Igualmente es positiva la
necesaria apuesta por los jóvenes agricultores dentro del primer pilar
que también defendía Andalucía, creando un fondo específico para este
colectivo de hasta el 2% del Pago Único, máximo permitido por la
Comisión Europea.
Como “principal nota
crítica” a la Conferencia Sectorial, Planas ha lamentado la propuesta
ministerial de elevar el umbral de la ayuda mínima a 300 euros, lo que
perjudica a 28.242 pequeñas explotaciones andaluzas (el 10% de los
perceptores de ayudas PAC en la comunidad autónoma) que cobran ahora
entre 100 (mínimo actual) y 300 euros. Se trata en la mayoría de los
casos de un complemento de renta que contribuye a generar cierta
actividad económica y a mantener la población en el medio rural. De
todas formas se ha alcanzado un compromiso para establecer un periodo
transitorio para que los beneficiarios que no lleguen a los 300 euros
puedan buscar fórmulas de asociación o agrupación con el fin de que no
se pierdan estos ingresos en el territorio.
Respecto
al sistema de reducción progresiva y limitación del pago (capping) se
ha acordado limitar las ayudas a 300.000 euros, teniendo en cuenta las
entidades asociativas y el empleo generado. Andalucía considera que es
un avance, pero insuficiente respecto a la propuesta de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de aplicar adicionalmente una
reducción del 50% a partir de 150.000 euros.
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