Cada año llega la vendimia y con ella el momento de buscar mano de
obra. Es entonces cuando aparecen en escena algunas empresas ‘fantasma’,
mal llamadas ‘empresas de servicios’ o ‘empresas de trabajo temporal’,
que ofrecen a los agricultores unos precios muy llamativos cuya letra
pequeña arroja situaciones de semiesclavitud en las que los
trabajadores, a menudo inmigrantes, llegan a vendimiar por un salario de
4 euros por jornal.
ASAJA de Cuenca
quiere poner de manifiesto la existencia de estas empresas ‘fantasma’,
que se lucran a costa de la ilegalidad y que sólo se dejan ver en las
principales campañas agrícolas de la provincia conquense, como son el
ajo, la vendimia y, en ocasiones, el olivar, y desaparecen cuando estas
finalizan. Se caracterizan porque carecen de cualquier tipo de
infraestructura, maquinaria de trabajo o empleados contratados. Se
limitan a crear una sociedad en el registro cuyo único fin es prestar
servicios a terceros y cuyo representante o administrador es insolvente
o carece de domicilio en el que ser localizado. Su cometido es
proporcionar ‘mano de obra’ pero muchos de sus trabajadores ni siquiera
tienen permiso de trabajo lo que hace que puedan ofrecer empleados a
precios denigrantes.
Concretamente en la
provincia de Cuenca ha habido propuestas de contratos por parte de estos
agentes de 49,20 euros la jornada, a repartir entre 12 trabajadores,
cuando esta cantidad es precisamente lo que debe cobrar cada trabajador
por jornada diaria, según establece el convenio colectivo del campo. Las
cuentas no salen: cotizando a la seguridad social y cumpliendo la ley,
el coste por 12 trabajadores es de 746,40 euros, muy lejos de los 49,20
que pagan estas sociedades fraudulentas.
La
Seguridad Social y la inspección de trabajo trabajan para combatir este
tipo de prácticas, aunque no siempre es fácil detectarlas. ASAJA de
Cuenca lamenta que después de tantos años trabajando para regularizar
las contrataciones y para exigir que se cumplan las leyes y unos
principios éticos, lleguen empresas como estas que echan todo por tierra
con el único fin de ganar dinero. Esta organización recuerda que, en
último término, la responsabilidad en caso de cualquier tipo de
imprevisto o incidente puede recaer en el agricultor, que queda
desamparado, ya que estas agencias ilegales se lavan las manos y se
declaran insolventes.
El Plan de Prevención y el Concierto de Vigilancia, requisitos obligados
Por
otro lado, desde Asaja se han detectado irregularidades en el
cumplimiento de la obligación de contar con un Plan de Prevención de
Riesgos Laborales y con un Concierto de Vigilancia de la Salud, recogida
en el artículo 40 del Convenio Colectivo del Campo, para aquellos
agricultores que contraten trabajadores. Este requisito, obligatorio
desde el año 2009, no siempre se cumple por parte de determinadas
empresas. Algunas se dedican a cobrar al agricultor una cantidad
inferior al coste de realizar estos planes por no realizar ningún tipo
de gestión y es en caso de que aparezca la inspección de trabajo cuando
los realizan ‘a posteriori’, dotándolos de fecha anterior a la inspección e inflando el precio de los trámites.
Además,
algunas de estas sociedades ofrecen a los cooperativistas y
agricultores cursos que supuestamente los acreditan para redactar un
Plan de Prevención de Riesgos Laborales que pueden elaborar ellos mismos
si no contratan más de cinco trabajadores. Obviamente, en estos casos
no existe ningún Concierto de Vigilancia de la Salud, como obliga la
ley.
Una vez más, es el agricultor, sin
conocimiento de causa, quien se arriesga a sanciones si carece de la
documentación obligatoria, tras haber confiado en estas empresas que no
elaboran ningún tipo de plan.
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