Ante la propuesta presentada por la Comisión Europea para modificar
la normativa de producción y comercialización de los materiales de
reproducción vegetal, Red de Semillas y COAG exigen al Parlamento
Europeo y al Ministerio de Agricultura que garanticen los derechos de
los agricultores para vender sus propias semillas y defiendan nuestro
patrimonio genético.
Ambas organizaciones
están siguiendo detalladamente el proceso de discusión comunitario sobre
este reglamento, que se pretende aprobar con urgencia en la primavera
de 2014, antes de las elecciones europeas. El pasado mes de mayo la
Comisión Europea presentó la Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la producción y comercialización de los
materiales de reproducción vegetal (Reglamento sobre materiales de
reproducción vegetal) (Nota 1). El documento se aprobó dando así un paso
más en el proceso denominado Better Regulation que se inició en 2008 y
que ha pretendido, entre otros, simplificar los procedimientos y reducir
los casi setenta actos legislativos relacionados con el material
vegetal y las semillas.
La propuesta
presentada va en la misma sintonía que la política dominante sobre la
producción y comercialización de material de reproducción vegetal,
enmarcándola en un contexto de control, certificación, sanidad y
registro ligado a una producción industrial, burocratizada y
deslocalizada y nada favorable a los sistemas agroecológicos de
producción, la biodiversidad agrícola, los derechos del agricultor a
vender sus propias semillas y a la puesta en marcha de microempresas de
semillas de variedades tradicionales.
La
propia Comisión Europea recogió en la presentación de la propuesta (Nota
2) que ésta “no regula la utilización de semillas en huertos y jardines
privados, cuyos dueños pueden seguir comprando cualesquiera materiales
vegetales y vendiendo sus semillas en pequeñas cantidades” y el propio
comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, afirmó que la normativa
permitiría el intercambio de semillas entre los agricultores (Nota 3).
Pero a pesar de ello los espacios para el uso, intercambio, venta y
conservación de la biodiversidad cultivada están poco definidos y se
enmarcan en excepciones a la norma, tal y como ha denunciado la propia
Vía Campesina Europa (Nota 4).
La nueva
reglamentación europea sobre semillas tiene especial importancia en el
Estado español ya que el Gobierno tiene contraídos compromisos
internacionales relacionados con la conservación y uso de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que debe respetar y
además provoca efectos profundamente negativos para la biodiversidad
agrícola, la soberanía alimentaria y el derecho de los agricultores, tal
y como planteó la Red de Semillas al Comisario Almunia días antes de la
aprobación de la propuesta (Nota 5).
Pero
la propuesta aún puede empeorar mucho más, tal y como han denunciado
numerosas redes de semillas europeas (Nota 6) y la propia Vía Campesina
Europea (Nota 7), si se aceptan las enmiendas presentadas por la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria del PE (Notas 8 y 9) que serán
discutidas en las próximas semanas.
Como respuesta a esta normativa nefasta COAG y Red de Semillas demandan al MAGRAMA y al Parlamento Europeo:
-
El respeto del derecho de los agricultores para utilizar, intercambiar y
vender sus propias semillas. Este derecho debe quedar fuera del ámbito
de aplicación de esta legislación. Los agricultores que hacen venta
directa de semillas como complemento de su actividad deben estar exentos
de las mismas exigencias que el resto de operadores.
- Las
microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de
variedades locales necesitan reglas adaptadas a su actividad,
completamente diferente a la que realizan las grandes empresas de
semillas de producciones deslocalizadas y distribución kilométrica.
-
Son necesarias reglas adaptadas para el registro de las variedades para
la agricultura ecológica y para la agricultura de bajos insumos.
-
Los agricultores y consumidores deben tener la posibilidad de elegir
los alimentos que consumen y las plantas que cultivan. Demandamos
transparencia en los métodos de selección utilizados para generar las
variedades y la propiedad intelectual que gestiona su uso. Esta
información debe constar obligatoriamente en el etiquetado.
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