Hay que recordar que el gasóleo es uno de los insumos que más se ha encarecido en el último año, un 30%
La Comisión ha propuesto revisar las normas de fiscalidad de los combustibles con el objetivo de eliminar desequilibrios. Esto significaría derogar el artículo 15 de la Directiva del año 2003 que permite a los Estados Miembros aplicar menos impuestos a los productos energéticos utilizados en labores agrarias, hortícolas, piscícolas y forestales.
ASAJA rechaza esta nueva propuesta de la Comisión que encarecería aún más el precio del gasóleo agrícola y no entiende los motivos por los que Europa decide ahora gravar más a los trabajadores y profesionales que requieren del empleo de este tipo de combustible para ejercer su trabajo.
Pero además, esta organización advierte de que esta propuesta de aumentar los impuestos sobre el gasóleo implicaría una subida mínima de 0,08 euros/litros hasta 2018 y que en el caso de los transportistas podría ser de al menos 0,11 euros, ya que lo que se pretende es eliminar definitivamente el gasóleo profesional, una de las principales reivindicaciones del sector agrario en los últimos años equiparándolo al gasóleo convencional.
Esta Directiva de fiscalidad de la energía divide el tipo mínimo de impuesto en dos partes: una basada en las emisiones de CO2 y que se fijaría en 20 euros por tonelada de CO2 emitida, la otra se basa en el contenido energético y se fijaría en 9,6 euros por gigajulio para los combustibles de automoción y en 0,15 euros para los de calefacción.
Según señalan desde la Comisión, la propuesta permite que los Estados Miembros excluyan de esta subida a los combustibles utilizados para calefacción en los hogares e incluso para las explotaciones agrarias siempre que se tomen medidas de eficiencia energética.
La propuesta nace con el objetivo de fomentar la eficiencia energética y el consumo de productos respetuosos con el medio ambiente, alegando a las cantidades de CO2 que el gasóleo emite, pero sin embargo pretende dejar fuera de esta subida a los combustibles empleados en la calefacción de los hogares, lo cual supone discriminar a quienes utilizan este carburante para uso profesional.
Una vez presentada esta propuesta de modificación de la fiscalidad de los combustibles deberá aprobarse en los distintos órganos comunitarios para su entrada en vigor en 2013 con un período transitorio hasta 2023 por lo que desde ASAJA pedimos a nuestros representantes europeos que rechacen esta propuesta que no hace otra cosa que poner el futuro del sector agrario “cuesta arriba”.
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