La confirmación por parte de la Comisión, hecha pública ayer por
diferentes medios, de que la nueva PAC no va a entrar en vigor hasta
2015, y por tanto que se prorroga un año el actual sistema de ayudas,
“no es un problema respecto a los pagos directos que perciben los
agricultores y ganaderos, pero sí lo es para las medidas de desarrollo
rural”, opina ASAJA de Castilla y León. Mientras que el sistema
contempla la posibilidad de prórroga en las ayudas de “pago único” y en
los pagos acoplados, es decir, en las medidas del llamado primer pilar
de la PAC, no es así respecto a los programas de desarrollo rural, que
requieren de un acuerdo político y presupuestario para no dejar un año
en blanco.
Por lo tanto, no están en
peligro los 950 millones de euros al año que viene percibiendo el
sector en ayudas directas en Castilla y León, pero sí los 250 millones
anuales destinados a programas de desarrollo rural: zonas
desfavorecidas, modernización de explotaciones, ceses anticipados en la
actividad, programas agroambientales, ayudas a la agroindustria,
programas forestales, infraestructuras agrarias –en particular regadíos
–, o las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo. Estos
programas de desarrollo rural están cofinanciados por Junta y Estado,
por lo que la situación económica de las administraciones españolas ya
ha llevado al sector a prescindir de la mayoría de estos fondos dos años
antes de la finalización del programa en diciembre de 2013, como bien
ha denunciado ASAJA.
ASAJA espera que la
prórroga de un año en la aplicación de la nueva PAC, hasta enero de
2015, sirva para cerrar los acuerdos en Bruselas con una buena
negociación política y presupuestaria, y que después se aplique en
nuestro país teniendo en cuenta la realidad productiva de Castilla y
León. La nueva PAC ha de estar pensada para el agricultor profesional,
no puede primar a quien no produce, ha de basarse en los rendimientos
que se obtienen en las diferentes comarcas, no puede perjudicar a la
agricultura de regadío, tiene que tener en cuenta la ganadería, y ha de
fomentar un sector moderno y competitivo que siga produciendo alimentos
de calidad. En esta nueva PAC, para Castilla y León es fundamental
contar con medidas de desarrollo rural cuyos fondos no provengan del
primer pilar, medidas que permitan el relevo generacional, modernicen
el campo en sus estructuras productivas, compensen las mayores
exigencias agroambientales, modernicen la industria y las cooperativas
comprometidas con el sector de la producción, y apoyen a las zonas
desfavorecidas y de montaña que tienen desventajas competitivas en el
mercado.
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