La PAC aumentará la investigación

Para el periodo 2014-2020 elevara un 300% los fondos destinados a investigación, principalmente a través del segundo pilar de desarrollo rural.
El director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), José Manuel Silva, ha resaltado que la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020 elevara un 300 % los fondos destinados a investigación, principalmente a través del ''segundo pilar'' de desarrollo rural.

Así lo ha explicado Silva durante su intervención en la inauguración de una exposición sobre los ''50 años de la PAC'' en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid, presidida por el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete.

En el acto han estado presentes la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina; el subsecretario de Agricultura, Jaime Haddad, y el director de la Representación de la Comisión Europea (CE) en España, Francisco Fonseca, además de diferentes representantes del Ministerio, los grupos parlamentarios y el sector agroalimentario.

Silva ha subrayado que esta apuesta por la innovación y la investigación está en consonancia con los objetivos que se ha marcado la UE para 2020 de creación de empleo basado en buena parte en la introducción de mejoras tecnológicas.

Según ha precisado, Bruselas quiere que haya un mayor conocimiento y una mayor transferencia al sector agrario a través de los programas de desarrollo rural, que pretenden invertir mejor en este capítulo de lo que se hizo en el pasado.

Por otra parte, Silva ha apuntado que la UE apuesta por la estabilidad presupuestaria de la PAC a partir de 2013 para responder a los desafíos que plantea la seguridad alimentaria y la búsqueda de unas relaciones más estrechas de los productores con el medio ambiente y el territorio.

En su opinión, y pese a las críticas que ha recibido la PAC en sus 50 años de historia, ha conseguido situarse como la política más estable de la UE y como ''la que mejor se ha adaptado al proceso de integración europea''.

En este proceso se ha pasado de ''las penurias'' por falta de alimentos a los excedentes; de ''alegrías'' en el gasto a presupuestos más restringidos; de fronteras casi cerradas a mayor flexibilidad para las importaciones, ha apuntado.

A su juicio, los retos a los que tuvo que responder la PAC de sus orígenes son similares a los de ahora, como los problemas de precios y de abastecimiento de alimentos.

Precisamente, lograr la seguridad alimentaria y frenar la volatilidad de precios es una de las principales preocupaciones tanto del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, como del G-20 y del mundo, ha afirmado Silva.

Por su parte, el ministro Miguel Arias Cañete, ha asegurado en su intervención que la nueva PAC debe contribuir al abastecimiento alimentario de una población mundial creciente.

También debe garantizar, según ha detallado, un uso racional de los recursos en un contexto económico y financiero desfavorable y responder al problema de volatilidad de las materias primas.

Cañete ha remarcado que España ha sido capaz de adaptarse a los cambios de orientación de la PAC en su medio siglo de vida, como los introducidos con la ''Agenda 2000'' o la revisión intermedia o ''chequeo médico'' de 2003.

Ha valorado, además, la contribución de la PAC al proceso de integración europea y de construcción de ''una Europa sin fronteras''.

España entró en la entonces Comunidad Europea en 1986, aunque su incorporación a la PAC para todos los productos agrícolas no se completó hasta 1995.

Entre las reformas de mayor calado de la PAC destaca la de 1992, cuando pasa de ser una política de ayudas a precios a una destinada a mantener la renta de los agricultores mediante pagos directos, y la de 2003, que introdujo el sistema de ''pago único'', desligado de la obligación de producir, aplicado ahora.

Más allá de 2013, la propuesta de reforma de la PAC ha causado incertidumbres en el sector agrícola respecto a las hectáreas con derecho a ayuda o cómo se distribuirán los fondos, si de una forma unitaria para el Estado -como plantea el Gobierno- o en función de regiones agronómicas homogéneas -como reivindican algunas comunidades autónomas-.