A punto de iniciarse la vendimia, se mantienen las tensiones en las
principales zonas productoras vitivinícolas de Castilla-La Mancha ante
la tendencia a la baja de los precios de la uva y, además, la
posibilidad de que, en algunos casos, no hubiera los depósitos
suficientes para el almacenamiento de la nueva cosecha debido a las
elevadas existencias que tienen las bodegas tras la campaña récord
anterior, de 53 milones de hectolitros. El acuerdo para la entrega de
cuatro millones de hectolitros a los destiladores para la obtención de
alcohol para uso de boca (vinos y alcoholes para aguardientes), sin
ayudas públicas, no fue suficiente para llevar la paz al sector en unas
zonas donde gran parte de los viticultores han apostado por el volumen
frente a la calidad y los rendimientos más reducidos que asumen los
productores de otras áreas geográficas.
Para
el responsable del Observatorio Español de los Mercados del Vino,
Rafael del Rey, sería preciso que, por parte de bodegas y cooperativas,
se aplicara una nueva política de pago de la uva en función de la
calidad.
La campaña pasada, las principales
zonas productoras de Castilla-La Mancha fueron escenario de las
protestas de los viticultores ante las bodegas por la lentitud en las
entregas de la uva provocada por unas condiciones climatológicas que
precipitaron y concentraron los procesos de maduración de las uvas y por
la recogida mecanizada, además en una campaña histórica.
Este
año, a esos problemas, se suman unas bodegas que no han podido colocar
sus existencias. En el mercado interior ha seguido bajando la demanda de
la restauración, con un ligero crecimiento en los hogares, lo que, en
el mejor de los casos, ha supuesto un mantenimiento de la demanda de
solo unos nueve millones de hectolitros. Las exportaciones se han vuelto
a disparar hasta los 22 millones de hectolitros, consecuencia
especialmente de una bajada de los precios, hasta una media por litro
comercializado de solo 0,41 euros. Italia, Francia, Portugal y Reino
Unido han sido los principales destinos de estas uvas. Ambos mercados,
junto a otros siete millones de hectolitros destinados al mosto, han
sido insuficientes para dar salida a las existencias de campaña.
El
vino ha sido uno de los sectores agrarios objeto de los mayores
procesos de cambio en el marco de la Política Agrícola Común,
fundamentalmente por la supresión de mecanismos tradicionales para
reducir excedentes y regular los mercados. Estas modificaciones se
incluyeron en las reformas de la Organización Común de Mercado de 1999 y
de 2008. A ellas se suma la última reforma de la Política Agrícola
Común y la OCM única.
Sin embargo, junto a
ese proceso de reformas en las políticas de regulación de los mercados,
el sector ha sido igualmente uno de los que han recibido los mayores
apoyos desde Bruselas para acometer los procesos de reestructuración y
reconversión, con el viejo objetivo de la Comisión de mantener a toda
costa la oferta ante la caída de la demanda y de no elevar el potencial
productivo. En el caso de España, el tiro le salió por la culata.
Entre
los años 2001, inicio de la aplicación de la primera reforma de la OCM,
y 2008, según las disposiciones comunitarias se llevó a cabo una
política de reestructuración y reconversión del sector del viñedo sobre
una superficie de 203.000 hectáreas con un volumen de ayudas de más de
1.300 millones de euros. Ese mismo proceso se repitió entre 2008 y 2011,
cuando se actuó sobre otras 71.400 hectáreas, con unos recursos
comunitarios de otros 358 millones de euros. En total, casi 1.700
millones de euros de los que el grueso fue para viticultores de
Castilla-La Mancha, con 842 millones; seguidos de Extremadura, con 208
millones, o Cataluña, con 114 millones. Mientras, en otras zonas
productoras como La Rioja, las ayudas solo llegaron a 45 millones de
euros; y en Castilla y León a 86 millones.
El
sector del vino fue igualmente objeto de la política de arranques
primada desde los organismos comunitarios entre 2008 y 2011. Sobre una
superficie máxima para arrancar en toda la Unión Europea de 175.000
hectáreas, España procedió a desprenderse de 94.000 hectáreas, con una
ayuda en función de los rendimientos asignados a cada zona, que se
tradujo en unas compensaciones medias de unos 3.000 euros por hectárea.
Fuentes del sector estiman que en esa década se arrancaron sin ayudas
otras 70.000 hectáreas por falta de relevo generacional para continuar
cultivándolas o simplemente por su escasa rentabilidad ante los bajos
precios de la uva.
De acuerdo con todas
estas acciones, la superficie de viñedos en esa década pasó de 1,15
millones a solo 950.000 hectáreas. Una reducción que, sin embargo, nada
tiene que ver con los objetivos comunitarios de limitar el potencial
productivo para evitar los graves excedentes del pasado y su destino
masivo a la obtención de alcoholes.
Los
procesos de reestructuración y reconversión, frente a la imagen de los
remolques cargados de cepas en protesta por la política comunitaria
dirigida a eliminar al sector español del viñedo, supusieron disparar
sus posibilidades de producción fundamentalmente allí donde los
viticultores hicieron las mayores inversiones y donde, además, miles de
ellos apostaron por el volumen frente a la calidad para lograr una
rentabilidad de la explotación. Sobre esas casi 300.000 hectáreas
afectadas por los cambios hubo inversiones para la mejora de las
estructuras de riego, para sustitución de variedades como la airén como
primera elección, seguida de otras como la garnacha o tempranillo;
sistemas de injertos, así como la implantación de nuevas superficies en
espaldera para lograr producciones de más de 20.000 kilos de uva.
Los
resultados de esta transformación se han ido viendo en los años
siguientes, al pasar de producciones medias de unos 37 millones de
hectolitros a una media de más de 42 millones de hectolitros, hasta la
campaña récord histórica de 53 millones de hectolitros del pasado año,
que contrasta con la demanda interior de vino de poco más de nueve
millones de hectolitros.
